#EvelynBarretoLibreBajoFianza: Frente amplio contra la supervía poniente

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Categoría: Otras pahablar

Creado en Martes, 23 Abril 2013 01:18

Escrito por Subversiva

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FRENTE AMPLIO CONTRA LA SUPERVÍA PONIENTE DE CUOTA EN DEFENSA DEL MEDIO
AMBIENTE


Frente amplio seguirá atento al proceso de confirmación judicial de libertad de defensora de derechos humanos:

#EvelynBarretoLibreBajoFianza

Evelyn Barreto, de 59 años de edad, Defensora de los Derechos Humanos y particularmente del Medio Ambiente, vecina de la Colonia Loma de Guadalupe, en Álvaro Obregón, quien desde sus inicios se manifestó contra las obras de la Supervía Poniente, fue detenida por agentes de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF),  acusada de robo de tres vallas con valor de $300.00, por la empresa concesionaria Controladora Vía Rápida Poetas (OHL-COPRI-ATCO), e ingresada al Reclusorio femenil de Santa Martha Acatitla.

"Fue presentada para que declarara y después de eso ya no supimos nada, más que estaba detenida", dijo su esposo. Aprehensión que en opinión de los especialistas, surgió de una “situación desigual” donde la voz de la empresa concesionaria de Supervía Poniente fue avalada por las autoridades, lo cual es “bastante delicado”, pues demuestra que en la ciudad de México se criminaliza a quien “resiste el embate contra los bienes públicos”.

“La posición del Gobierno del Distrito Federal siempre ha sido defender a la empresa. En las diferentes muertes y accidentes de trabajadores y peatones, invariablemente el ex secretario de Obras (Fernando Aboitiz), salía a defender
a la empresa concesionaria y a culpar al muerto o accidentado del suceso. En los fallecimientos no hubo ni siquiera investigaciones en forma, pero basta que un ciudadano común mueva una lámina que cubría la tala ilegal de árboles, para actuar en su contra”, dijo su esposo.

“Se venía creyendo que la Ciudad de México estaba a salvo de criminalizar la protesta social, pero ahora es claro que hay acciones firmes para defender a las empresas. La acusación contra Evelyn Barreto es absurda: unas láminas colocadas sobre una barda que ni siquiera le pertenecen a la empresa”, refirió Moncada, del Poder del Consumidor.

En agosto de 2011, Evelyn Barreto se manifestó, junto con varios vecinos,contra la colocación de láminas en las rejas del Parque Ecológico Las Águilas. Los vecinos exigieron a los empleados de la concesionaria que les mostraran los permisos correspondientes, mismos que no tenían, por lo que acudieron ante el juzgado cívico a presentar la denuncia correspondiente.

Días después, la Consejería Jurídica del gobierno capitalino reconoció que el trabajador de la concesionaria no contaba con la autorización para colocar "estructura para publicidad en un parque público".

En esa ocasión, Barreto empujó una de las láminas, por lo que la empresa concesionaria la denunció ministerialmente por robo.

Cabe señalar que dichas vallas estaban colocadas en el Parque Ecológico las Águilas, lugar donde también en el año 2011, la PROFEPA suspendió toda obra de Supervía, al no contar con los permisos legales correspondientes y estar haciendo una tala indiscriminada e ilegal, en zona forestal.

Al momento se han solicitado medidas precautorias a la CDHDF para garantizar la debida defensa y el debido proceso.

Pasadas las 22 horas, Evelyn Barreto fue liberada bajo fianza, por lo que los invitamos a seguir atentos al proceso judicial que seguramente confirmará su inocencia y ratificará su libertad, pues no hay pruebas que sustenten la acusación realizada por Controladora Vía Rápida Poetas (OHL-COPRI-ATCO).

La detención de Evelyn Barreto se suma a las violaciones de los Derechos Humanos a todos los habitantes de la Ciudad que por la Supervía se han realizado, mismas que evidenció la Recomendación 1/2011 de la Comisión de Derechos Humanos. Estos son: derecho al medio ambiente sano, al agua, a la seguridad jurídica, a la información, a la participación ciudadana y a la vivienda digna.

Evelyn, como muchos otros ciudadanos, aspira a una Ciudad de México sustentable, justa, participativa y con mayor seguridad jurídica, ¿Permitiremos que sigan encarcelando ciudadanos por los oscuros intereses de ciertos ex funcionarios y  empresarios que han impulsado la tan cuestionada Supervía?


 Frente Amplio Contra la Supervía Poniente de Cuota
En Defensa del Medio Ambiente
Incrementemos el diálogo no el calentamiento global



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27 de abril del 2010 cerca de las  2 de la tarde, una caravana de observadores internacionales, periodistas y activistas sociales que pretendía llevar ayuda humanitaria a los habitantes de San Juan Copala fue atacada por paramilitares equipados con armas fuego de alto poder en la carretera de acceso a esa localidad. Asesinaron a la defensora de derechos humanos mexicana Bety Cariño, y el observador finlandés Jyri Jaakkola. Numerosos observadores y periodistas resultaron heridos de bala, fueron secuestrados temporalmente o quedaron desaparecidos.

El gobierno federal y el gobierno de Oaxaca se negaron a intervenir en el lugar de los hechos, salvo para recoger los cadáveres de los dos defensores de derechos humanos asesinados y a partir de ahí los crímenes siguen en la impunidad.

Días después, de frente a la preparación de una nueva caravana nacional para llevar ayuda, alimentos, medicina y agua a los indígenas triquis cercados en la localidad de San Juan Copala por los dos grupos paramilitares, un grupo de sicarios asesinó el 20 de mayo al principal líder moral del pueblo triqui de Copala, Timoteo Alejandro, junto con su esposa Cleriberta Castro.

Durante 9 meses del 2010 la comunidad de San Juan Copala resistió el asedio y  el cerco de los dos grupos paramilitares que se imponen a sangre y fuego en la región de Copala, hasta que, en septiembre de ese año, los grupos paramilitares terminaron de desalojar a los más de 800 habitantes de la localidad de San Juan Copala, misma que quedó  en control de los paramilitares, mientras que los habitantes quedaron en condición de desplazamiento forzado.

 El cerco, asalto y desplazamiento forzado de San Juan Copala no es el primero que realiza uno de los grupos paramilitares, ya en 2001 la localidad triqui de San Miguel Copala fue atacada por los paramilitares generándose una masacre y siendo durante años reiteradamente atacada por paramilitares, hasta que estos lograron el desplazamiento de la mayoría de la población original, en 2010.

 

Otras localidades triquis han sido desplazadas de la misma forma, de tal manera que se puede afirmar sin lugar a dudas que, la mayor parte del pueblo triqui de Copala se encuentran ya viviendo en otras partes del país y en los Estados Unidos, y no en su propio territorio ancestral.

El territorio triqui de Copala se ha convertido en botín del grupo paramilitar dominante que cuenta con la protección, el apoyo o la aquiescencia del gobierno del estado de Oaxaca. Esta situación es una de las principales causas de que, en términos absolutos y relativos, la población las localidades triquis, lejos de  aumentar se encuentren disminuyendo, lo cual constituye un indicador del etnocidio que se esta llevando a cabo contra el pueblo triqui de Copala. 

Los abajo firmantes nos pronunciamos contra este etnocidio y todas las acciones y omisiones del gobierno federal y el estatal que lo hacen posible.

Exigimos la inmediata restitución del derecho que tiene el pueblo triqui a vivir en paz y en su propio territorio ancestral y reivindicamos el derecho que tiene este pueblo y los demás pueblos indígenas a la libre determinación y por tanto a regir la vida de sus comunidades mediante la autonomía.

En Homenaje a los que han caído en esta lucha por los derechos humanos e indígenas del pueblo triqui, y en solidaridad con la lucha de los pueblos indígenas que reivindican y ejercen su derecho a la libre determinación y autonomía CONVOCAMOS al homenaje musical que se realizará con éste fin, el 26 de abril a partir de las 2 de la tarde y hasta las 6, en el Auditorio Digna Ochoa de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la ciudad de México (Av. Universidad 1449, col. Florida, a un costado del metro Viveros) y los llamamos a participar el día 27 de abril de 2013 a las 4 de la tarde en el Hemiciclo a Juárez de la Ciudad de México llevando flores y veladoras en solidaridad con el pueblo triqui autónomo y en digno recuerdo de los defensores de derechos humanos, periodistas e indígenas que han caído en la lucha por la autonomía, el respeto a los derechos humanos y la paz para los pueblos indígenas con justicia y dignidad.    

 

¡Justicia para Bety, Jyri, Timo y todos los caídos en la lucha por la autonomía de San Juan Copala!

Atentamente

Las autoridades comunitarias del Municipio Autónomo de San Juan Copala, la representación de Desplazados de San Juan y San Miguel Copala, Alianza Única del Valle, Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra, Región Otomi- Mexica Estado de México,  UPVA "28 de Octubre", Foro Permanente por la Comisión de la Verdad, Desplazados de La Laguna Mpio. de Coyuca de Catalán Guerrero, Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero FODEG, RadioAMLO, OraWorldMandala,Coordinadora Nacional Plan de Ayala , Movimiento Nacional (CNPA MN), Unión de Lucha Anticapitalista. Sakbe Comunicación y Defensa para el Cambio, Arte Colectivo en Acción,  México, a 21 de abril de 2013.

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Minera canadiense en Oaxaca: saqueo y violencia

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Creado en Jueves, 28 Marzo 2013 20:57

Escrito por Subversiva

 

En el tercer municipio más pobre de Oaxaca, la extracción de oro y plata deja a la trasnacional canadiense Fortuna Silver Mines –a través de su filial Compañía Minera Cuzcatlán– cientos de miles de onzas de los minerales preciosos. Sólo por la extracción de oro podría haber ganado 360 millones de pesos en 2012. En contraste, el pago por las concesiones al gobierno mexicano ascendió apenas a 2 millones de pesos y dejó en el municipio 8 millones de pesos para “obras públicas”. Los pobladores, en la incertidumbre ante los efectos al medio ambiente, a la salud y al tejido social

INFORMACIÓN de CONTRALÍNEA: Érika Ramírez, texto y fotografías/ enviada

San José del Progreso, Oaxaca. Las boyas metálicas le impusieron bajar la velocidad del automóvil. Su hermano, el copiloto; su prima, la acompañante. A la par, un vehículo Tsuru sin placas seguía su curso sin detenerse. Una ráfaga de plomo atravesó los cristales del automóvil guinda de Bernardo Vásquez Sánchez.

Era el 15 de marzo de 2012, pasaban las 21:00 horas. Bernardo dio un volantazo. “¡Me dieron!”, gritó. El joven, dirigente de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO) –organización opositora a la operación de la Compañía Minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines–, apenas alcanzó a desviarse de la carretera. Sus últimos respiros quedaban en las inmediaciones del municipio de Santa Lucía Ocotlán.

El copiloto, Álvaro Andrés Vásquez Sánchez, se resguardó lo más que pudo sobre su asiento, pero igual fue herido. Rosalinda se dejó caer sobre el sillón trasero, que terminaría bañado en sangre. El auto de Bernardo se detuvo completamente, su propio resuello estaba a punto de hacerlo. Las balas que le habían penetrado el cuerpo, ahí se alojaron. Una, en el pulmón derecho, fue letal.

A 15 minutos de distancia, las festividades del patrono comenzaban a alistarse. La algarabía religiosa se teñía de rojo. Bernardo moría, Rosalinda estaba herida en la pierna derecha por una bala que casi le destroza la rodilla, de la que aún no ha podido reponerse.

“¡Queríamos salvarlo!”, dice ella, en entrevista con Contralínea. Pararon un taxi. El conductor los ayudó a sacar a Bernardo y trasladarlo a un consultorio médico particular. Murió al llegar al lugar donde se le brindaría atención. “Tenía varios impactos [en espalda y cadera], había entrada, pero no salida”, recuerda la joven.

Meses antes, señala Rosalinda, “en un video que circuló en YouTube, se amenazaba la vida de Bernardo. En éste se burlaban de las personas que estaban en el movimiento en contra de la mina. En un vertedero de la presa municipal quedó inscrita la sentencia de muerte: ‘Te vas a morir, perro Bernardo Vásquez’” (sic).

Él es la segunda víctima perteneciente al movimiento opositor a la Compañía Minera Cuzcatlán. Ingeniero agrónomo de profesión por la Universidad de Chapingo, fue, como mucha gente de campo, emigrante a Estados Unidos. Allá trabajó como albañil para ayudar económicamente a su familia, compuesta por nueve hermanos y sus padres.

Cuando regresó a México en 2008, la minera canadiense ya había comenzado los trabajos de explotación de oro y plata en la zona. La falta de consulta a los integrantes de la comunidad indígena zapoteca puso en alerta al activista. Comenzó, junto con hermanos, familiares y oriundos del municipio, la defensa de su territorio, relata su hermano y sustituto al frente del CPUVO, Leovigildo Vásquez Sánchez.

Derechos humanos, violentados

El informe Transición traicionada: los derechos humanos en México durante el sexenio 2006-2012 –elaborado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)– indica que “la empresa minera Cuzcatlán ha violentado diversos tratados internacionales de derechos humanos, entre ellos el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que estipula el consentimiento previo, libre e informado para la realización de proyectos en territorios indígenas”.

El Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes dice que “los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados cada vez que prevean medidas susceptibles de afectarles directamente, y establecer los medios a través de los cuales puedan participar libremente en la adaptación de decisiones en instituciones electivas y otros organismos. Asimismo, se reitera que los pueblos indígenas y tribales deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente”.

El gobierno federal es quien genera los conflictos vinculados a los proyectos mineros, “ya que ellos otorgan permisos y no consultan con el gobierno de Oaxaca. El gobierno estatal reconoce que no hubo un proceso de consulta y acepta que no está bien regulada la consulta a nivel federal”, comentó Eréndira Cruzvillegas Fuentes, comisionada de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo de Oaxaca, ante integrantes de la Misión Civil de Observación Justicia para San José del Progreso, en la que participaron 19 organizaciones civiles estatales, nacionales e internacionales.

Además, la comisionada reconoció que “el origen de la división social en varias de las comunidades, como en San José del Progreso, es por el dinero que vienen a ofrecer las empresas trasnacionales a través de los megaproyectos, y que generan una violencia social en el estado”.

El documento del Centro Prodh afirma que se “ha generado un clima de tensión social y política al interior de la comunidad, mismo que el gobierno de Oaxaca ha minimizado bajo el argumento de que es un conflicto interno por el control y el poder del municipio.

“La empresa minera no ha asumido su responsabilidad con los pueblos y comunidades del Valle de Ocotlán. En todo momento se ha deslindado de la problemática de San José del Progreso y de las graves violaciones a los derechos humanos. Esta situación corrobora la tesis de las comunidades y organizaciones que les acompañan acerca de que en México se protegen los intereses privados de empresas trasnacionales por encima de la vida de las comunidades y de defensoras y defensores de derechos humanos. En Oaxaca, esta situación ha cobrado la vida de varias personas, se han vivido enfrentamientos entre pobladores, encarcelamiento y procesos penales contra quienes se oponen a la mina”, dice el Centro Prodh mediante su informe.

El 18 de enero de 2012 fue asesinado Bernardo Méndez, y herida de gravedad Abigail Vásquez Sánchez, quienes también se oponían al proyecto de la Compañía Minera Cuzcatlán.

Sin consulta previa

Ante la falta de consulta previa de los pueblos, que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, Arturo de Jesús Peimbert Calvo, titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, considera que “han sido violados los derechos de la población de una forma sistemática. No hubo consulta, sino imposición. Hay una estrategia de entregar beneficios de parte de la empresa. Nos preocupa también la violencia que se ha dado y observamos el desgaste de la comunidad”.

En una reunión con integrantes de la Misión Civil de Observación “Justicia para San José del Progreso”, aseguró que no ha habido una atención integral para este “conflicto complejo”. Esto ha provocado un grave deterioro en la seguridad de las personas que defienden la causa y no se han visibilizado las violaciones a derechos humanos de comunidades completas.

Peimbert Calvo aceptó que existe una crisis de credibilidad de los organismos públicos en materia de derechos humanos: “Faltan mecanismos y protocolos para garantizar los derechos humanos de los defensores, pero estamos trabajando en ello. Estamos en un proceso de implementación y diseño de protocolos en varias áreas”.

Francisco Cravioto, investigador y monitor de políticas públicas relacionadas con industrias extractivas de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, explica que en San José del Progreso existe un conflicto social grave desatado por la presencia de un megaproyecto.

 

“Aquí vemos cuál es el resultado de que no se haga una adecuada instrumentación de la consulta. Este derecho no es aislado, parte del reconocimiento que tienen los indígenas al uso y aprovechamiento de su territorio y sus recursos. La consulta surge como un mecanismo para que siempre que vaya a haber una afectación, el estado tenga la obligación de consultar a las comunidades”, expone el investigador de Fundar.

 

San José del Progreso, explotación y miseria

San José del Progreso, el tercer municipio más pobre de Oaxaca. Paradójicamente, un pueblo rico en oro y plata, ahora extraídos por la filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, Compañía Minera Cuzcatlán.

San José del Progreso, Oaxaca. El Catálogo de localidades, de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), indica que en este municipio habitan 6 mil 579 personas que viven en un alto grado de marginación municipal. Esta situación lo coloca como el tercero más pobre en todo el estado gobernado, hasta 2010, por el Partido Revolucionario Institucional y ahora por el aliancista Gabino Cué Monteagudo (partidos de la Revolución Democrática y Acción Nacional). A nivel nacional ocupa el sitio 481, de los casi 2 mil 500 municipios que conforman la nación.

Datos de la Sedesol muestran que el 16.67 por ciento de las personas de este municipio viven en muy alto grado de marginación; el 75 por ciento, en alto grado y sólo 1 por ciento en grado medio.

Andrés Vásquez, padre de Bernardo Vázquez –dirigente opositor a la minera Cuzcatlán, asesinado el 15 de marzo de 2012– de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, es uno de los campesinos que ha padecido las condiciones de pobreza.

Huérfano de padre y madre, don Andrés ha vivido toda su vida del trabajo en el campo. A sus 62 años de edad, es padre de 10 hijos que ahora viven en un afán de lucha por su tierra. Para él todo ha cambiado desde la llegada de la mina: la división del pueblo, la administración de los programas para aquellos que están a favor del proyecto extractivo y la amenaza de degradación y contaminación ambiental que ve aproximarse.

Contrario a la pobreza que hay en el lugar, actualmente, la empresa de origen canadiense Fortuna Silver Mines –representada en México por la Compañía Minera Cuzcatlán– tiene en sus registros la extracción  de millones de onzas de metales preciosos del suelo oaxaqueño.

Incertidumbre en la salud

Los problemas de salud que pueda acarrear la extracción minera en San José del Progreso es una de las preocupaciones que crece entre la población. Tal es el caso de Mayra Cruz López, quien desde hace algunos meses siente un continuo ardor en los ojos; a su pequeña hija le comenzaron los problemas en la piel, unas manchas que parecen de resequedad en sus piernas.

Son máculas en forma de flor que han aparecido en la piel de la niña de casi 4 años de edad. “Me dicen que es el jabón, pero antes no pasaba. Le he puesto pomadas pero no se le quieren quitar”.

Algunos de los pobladores atribuyen este tipo de problemas a la probabilidad de que se esté contaminando el agua, o al polvo que hay en la región; sin embargo no tienen certeza de esto, pues no cuentan con información clara del impacto ambiental que trae consigo la extracción que hace la minera canadiense.

La organización internacional Hesperian, en su Guía comunitaria para la salud ambiental, indica que con la minería “la contaminación del agua y el excesivo uso de los recursos de agua da lugar a muchos problemas de salud. Además, la destrucción de la tierra da lugar a la escasez de alimentos y al hambre. Y la contaminación del aire, proveniente de las centrales eléctricas y las fundiciones construidas cerca de las minas, ocasiona enfermedades graves… El carácter de la industria minera es explotar hasta el último pedazo de tierra y hasta el último trabajador disponible, sacrificando la salud, los derechos humanos y el medio ambiente de las comunidades”, entre otros aspectos.

Minería, oscuro panorama

Rurik Hernández, integrante del Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier, en el Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, comenta que actualmente la minería deja un “panorama oscuro” para el país, con más de 26 mil concesiones en todo el territorio nacional, en su mayoría de oro y plata.

Como lo documentó Contralínea (edición 268), México ha otorgado 26 mil 43 concesiones a mineras para explotar 51 millones 994 mil 312.7 hectáreas, con base en los padrones de expedición de títulos de concesión minera, de la Secretaría de Economía. “Se trata de más de una cuarta parte de la superficie de la nación. Trasnacionales canadienses son las principales beneficiarias. Como en la época de la Colonia, la explotación de oro y plata es el principal objetivo de las empresas extranjeras”.

Hernández, también integrante e investigador de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, comenta que ante las reformas constitucionales en derechos humanos, esta actividad extractiva viola los mismos, así como la Ley Minera: “garantiza la actividad minera, otorga los recursos naturales a cambio de algunos pesos. No es posible que se esté otorgando el territorio nacional sin importar nada, que haya despojos y coacción para despojar a los pueblos de sus territorios”.

—¿Es un nuevo colonialismo? –se le pregunta.

—Es el mismo principio, pero con una capacidad de destrucción mayor. En 10 años, los canadienses han sacado mucho más de lo que sacaron los españoles en 2 siglos. Los niveles de destrucción y capacidad de trabajo con la nueva tecnología son impresionantes. Las minas mueven entre 60 y 300 toneladas en un sólo camión, detonan miles de toneladas de explosivos al año y mueven millones de minerales y de tierra. Son desarrollos gigantes.

“Las minas subterráneas no son diferentes, es todo un enjambre que construyen bajo tierra y luego regresan los desechos a la mina. El problema más grande que estamos viendo aquí con la actividad minera subterránea (que no es visualmente tan impactante como con la mina de tajo a cielo abierto) son los impactos a los acuíferos, es algo muy serio. Toda el agua que se filtra y baja al espejo de agua de las comunidades. También, regresar los desechos pone en riesgo la integridad por contaminación de todo un acuífero. Esto es espantoso y no vamos a saber hasta dónde va a llegar toda la contaminación.”

Fortuna Silver Mines extrae riqueza mexicana

La empresa de origen canadiense Fortuna Silver Mines, representada en México por la Compañía Minera Cuzcatlán, ha extraído del suelo oaxaqueño 1 millón 967 mil 96 onzas de metales preciosos.

De acuerdo con el Reporte anual 2012 de la trasnacional, la producción ese año ascendió a 1 millón 949 mil 178 onzas de plata y a 17 mil 918 onzas de oro. Ésta es una de las 302 compañías, principalmente de capital canadiense, que tienen concesionada una cuarta parte del territorio nacional.

La trasnacional que inició operaciones de extracción en el tercer municipio más pobre del estado paga anualmente al erario mexicano 2 millones de pesos por la concesión de 58 mil hectáreas, asegura en entrevista Juan Carlos Gómez Muñoz, gerente de Administración y Finanzas de la Compañía Minera Cuzcatlán.

Con la producción extraída y la cotización del oro a nivel internacional por el World Gold Council –organización de desarrollo de mercado para la industria del oro–, la minera canadiense podría haber ganado 360 millones 80 mil 128 pesos ese año, sólo por este metal. La institución cotiza, al 4 de marzo de 2013, la onza de oro en 1 mil 570 dólares. En tanto, el Banco de México mantiene el precio del dólar en 12.78 pesos.

Las desigualdades

En marzo de 2012, Contralínea (edición 274) documentó que las “trasnacionales mineras pagaron a México sólo un equivalente al 1.18 por ciento de los recursos obtenidos del territorio nacional. Las multinacionales extrajeron recursos minerales por más de 552 mil millones de pesos entre 2005 y 2010, pero sólo pagaron al país ‘derechos’ por 6 mil 500 millones. Tan sólo en 2008, las empresas canadienses, estadunidenses, australianas y brasileñas sacaron de este país más de 50 toneladas de oro y 2 mil 600 de plata”.

El estudio Minería en México. Referencias generales, régimen fiscal, concesiones y propuestas legislativas –elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados de la recién saliente legislatura– indica que “la próspera situación de los consorcios minero-metalúrgicos en el país, el auge internacional del mercado de metales y el favorable escenario de políticas públicas han propiciado –por ejemplo– que nunca antes en la historia de México se hayan extraído tanto oro y plata como ahora.

“Este bonancible entorno cohabita con otra faceta de la minería mexicana contemporánea, la de los accidentes que sepultan a decenas de mineros, la de las difíciles condiciones laborales para amplios porcentajes de trabajadores y la del otorgamiento de enormes concesiones del territorio nacional a empresas mineras que no están sujetas al pago fiscal de regalías.”

Oaxaca, el octavo productor de oro, el cuarto en pobreza extrema

Catálogos de la Secretaría de Economía (SE) demuestran que Fortuna Silver Mines es una de las 301 compañías extranjeras que exploran y explotan los metales preciosos del país. Tiene presencia en Oaxaca, el octavo productor de oro y plata a nivel nacional. Son 33 los proyectos extractivos en todo el estado, reconocido como el cuarto en extrema pobreza del país

San José del Progreso, Oaxaca. El documento Empresas con proyectos mineros en México, elaborado por la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía, muestra que además de Fortuna Silver Mines, otras firmas con capital de origen canadiense son Almaden Minerals, Aztec Metals Corp, Canada Gold Corporation, Silver Dragon Resources Inc, Ross River Minerals Inc, por mencionar algunas.

Del Sistema Integral sobre Economía de Minerales se desprende que Oaxaca es el octavo productor de oro y plata a nivel nacional. Son 33 los proyectos en todo el estado, reconocido como el cuarto en extrema pobreza del país.

Del listado –elaborado por la Secretaría encargada de ejecutar políticas económicas para el desarrollo del país– se desprende que en este estado, el 79 por ciento de los proyectos pertenecen a empresas canadienses, el resto con origen en Estados Unidos. Fortuna Silver Mines opera en San José del Progreso, en fase de producción, y en Tlacolula, en exploración, ambas de oro y plata.

La defensa empresarial

Juan Carlos Gómez Muñoz, gerente de Administración y Finanzas de la Compañía Minera Cuzcatlán, filial de Fortuna Silver Mines, asegura en entrevista que ésta es una empresa comprometida socialmente, y que sus políticas tienen un perfil social y de cuidado del medio ambiente.

Comenta que la presencia de la minera en la localidad indígena zapoteca emplea a 750 personas, de las cuales el 66 por ciento pertenece a la zona y el resto, a San José del Progreso. Todos los empleados, en todos los niveles, se encuentran contratados bajo el mecanismo de subcontratación (conocido como outsourcing). Esta situación los desvincula directamente de la trasnacional y no genera obligaciones directas entre el obrero y el patrón.

El ejecutivo dice que en 2012 la minera dotó de recursos por 8 millones de pesos al municipio donde se encuentran sus instalaciones y otros 7 millones de pesos en 2011, con el fin de llevar a cabo obras de infraestructura para los pobladores.

Alberto Mauro Sánchez Muñoz, presidente municipal de San José del Progreso, defiende la presencia de la minera en la zona. En entrevista con Contralínea y con integrantes de la Misión Civil de Observación Justicia para San José del Progreso, acepta que “este pueblo era muy tranquilo, no había pleitos. Ahorita estamos en la voz de todo el mundo por las muertes que ha habido”.

El hombre que administra el tercer municipio más pobre del estado porta gruesas cadenas de oro en cuello y muñecas. Dice que “las minas no son nuevas: había mucha gente que venía a explotar los recursos a San José del Progreso, y antes sí eran esclavos los que tenían trabajando ahí. Mi abuelo y mi papá trabajaron en la mina y los obligaban a trabajar por una paga que no alcanzaba ni para comer”.

—¿Qué ha significado la presencia de la compañía minera Fortuna Silver Mines para la comunidad?

—San José de Progreso tiene 89 años; es un pueblo nuevo, minero. Se fundó de toda la gente que venía a trabajar a las minas desde hace 150 años. En 2006, llega Cuzcatlán [filial de la canadiense Fortuna Silver Mines] y empiezan a trabajar. Vienen a comprar las tierras a 30 mil pesos la hectárea, aquí había gente campesina que nunca en su vida había visto 10 mil [pesos]; menos, 30 mil, y así fueron adquiriendo terrenos. Empezamos a exigirle a la empresa minera que dejara un beneficio, que no fuera nada más el saqueo sino que dejara un beneficio a la comunidad. Hacía donaciones con becas escolares, lo mínimo.

Discrepa de las cantidades que dice la empresa haber entregado al municipio, pero asegura: “Fuimos la primera autoridad en realizar un convenio con la minera para que deje bonificaciones. En 2011 dio al municipio 6.5 millones [de pesos] en obras; en 2012 fueron 7 millones de pesos”.

Contrario a la inconformidad de los pobladores y a la aceptación de las autoridades estatales de que se han violentado los derechos humanos en este territorio, el presidente municipal asegura que la empresa trabaja cabalmente, y “como autoridades le exigimos todos los estudios correspondientes: impacto ambiental, sismográfico, de no contaminación del viento; la empresa no genera polvo, se les hizo que a los molinos se les pusieran silenciadores”.

 VER INFOGRAFÍA: http://archivo.contralinea.info/2013/marzo/327/fotos/minera-canadiense/infografia/#.UVUJLje-2So

Boletín N°1 Pueblos y Barrios en defensa de Xochimilco vs el Chedrahui

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Categoría: Otras pahablar

Creado en Sábado, 23 Marzo 2013 13:08

Escrito por Subversiva

Boletín No. 1, a 22 de marzo del 2013.

LOS PUEBLOS Y BARRIOS EN DEFENSA DE XOCHIMILCO, PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD, Y EN CONTRA DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN MEGA CENTRO COMERCIAL EN SANTIAGO TEPALCATLALPAN.

· Este es un primer  llamado a la sociedad civil, a las organizaciones no gubernamentales, a los pueblos originarios del Distrito Federal y de todo el país  y a la ciudadanía en general a participar en la PRIMERA MARCHA Y CARAVANA INFORMATIVA PARA IMPEDIR LA CONSTRUCCIÓN DE UN MEGA CENTRO COMERCIAL EN XOCHIMILCO. LA CITA ES  EL PRÓXIMO SÁBADO 23 DE MARZO A LAS 09:00 HORAS, EN LA ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS (ENAP)

Xochimilco fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1987. Sin embargo, ha sufrido el abandono, la desidia y la corrupción de los gobiernos en turno. Xochimilco se encuentra en agonía. La situación ambiental y ecológica de la zona es ya insostenible.

Pese a ello, ·el Gobierno del Distrito Federal, encabezado por Miguel Ángel Mancera y la autoridad delegacional, en manos de Miguel Ángel Cámara, permiten, sin contar con los requisitos legales correspondientes, la construcción de un Mega Centro Comercial, en la Carretera Santiago Tepalcatlalpan, número 400, Colonia La Concha en  Xochimilco, Distrito Federal. Dicha construcción tiene una extensión de más de 16 mil metros cuadrados.

La construcción sigue su curso a pesar de NO cumplir con lo dispuesto por la Ley Ambiental del Distrito Federal y la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, al no contar con los estudios de impacto urbano, ambiental y de protección civil necesarios para llevarla a cabo.

La construcción de este centro comercial afectaría el suministro de agua de los Pueblos de Xochimilco. Los pueblos de la montaña ya sufren problemas de agua y ahora vienen estas empresas a construir sobre estas tierras. El centro comercial se encuentra en la única salida de los pueblos de la montaña, por lo que aumentarán los problemas de tránsito. Estos supermercados se caracterizan por el maltrato a sus trabajadores, jornadas extenuantes sin pago de horas extra. Los comercios y productores locales así como los mercados tradicionales se verían inmediatamente afectados por la competencia desleal que ejercen estas grandes empresas.

Los Pueblos Originarios de Xochimilco, con fundamento en el artículo 2o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo tienen derecho a la consulta previa sobre cualquier acto que pueda afectar su vida comunitaria.

Nos han quitado tierras, agua, además de privarnos de un ambiente sano. NO permitiremos que nos sigan despojando de nuestra identidad.

 

     Por siempre venceremos.

Atentamente

LOS PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS DE XOCHIMILCO.

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Entrevista con Nataniel Hernández: CARZCCH hacia el 2013

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Categoría: Otras pahablar

Creado en Sábado, 29 Diciembre 2012 13:52

Escrito por Subversiva

De Regeneración Radio

"...no pagar la luz, pierde la credibilidad del gobierno, quienes roban a la nación son ellos, no somos nosotros" Nataniel Hernández

La zona costa de Chiapas como todo el resto del país enfrenta la carecía de oportunidades sociales como  educación, salud, vivienda, energía eléctrica, empleo, drenaje, pavimentación, entre un sin fin problemas que hasta el momento el gobierno ahora encabezado por el Prista Enrique Peña Nieto, sumado a esto la entrada del gobernador Manuel Velázco que seguira con la política neoliberal del anterior gobierno.  El 26 de dicimbre realizamos una entrevista con el el Director del Centro de Derechos Humanos Digna Ocho A.C Nataniel Hernández jóven  pertenenciente al Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas, en ella nos narra la história de la organización que desde el 2006  nace  en torno a las altas tárifas de la luz eléctrica y de la convocatoria para organizar la Otra Campaña y adherirse a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona que lanza el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en este mismo año, siendo los Zapatistas uno de sus dos prinicipales referentes de lucha como lo es el  Centro cívico Tonalteco  que nace desde el año de 1984. Desde ese año el Consejo a organizado las luchas  de colonos, amas, de casa, pescadores, obreros, campesinos, etc en los municipios de Tonala, Pijijiapan y Mapaztepec pertenecientes a la zona costa en el Estado de Chiapas.

El Consejo siendo una organización antipartidista a fundamentado su lucha en la autonómia y la autogestión en ella se han ecargado de impulsar diferentes cooperativas de trabajo, una de ellas es la de tortilleria, la Palapa Güiri-Güiri que se encuentra ubicada en playa Boca del Cielo a 20 minutos de Tonala siendo esta la que principalmente arroja recursos para la organización y abriendo sus puertas principalmente a compañerxs del movimiento social que buscan descanso, encuentro y que además son concientes de que lo que ahi consuman será para sustentar a la organización; otra cooperativa es la Tienda Popular de la Resistencia, ahi los compañerxs comercializan los productos que llegan de los compañerxs, como es la miel, mermeladas de mango, café, camarón, pescado, artesanías, chiles embotellados, entre otros productos.

Entender que la energía eléctrica es patrimonio de la nación y como tal tendría que ser garantizado a cada persona es fundamental para la lucha en contra de las altas tárifas, ellxs se han hecho la labor de documentar los costos que van desde 300 pesos hasta 15 mil pesos, para ello el Consejo trabja en dos temas uno es que no se necesita del la Comisipon Federal de Elécticidad ya que ellos han resuelto a través de la capacitación que cada tendido eléctico sea reparado por ellxs mismxs y por el otro lado su lucha  no se reduca a la lógica de no pagar impuestos, si no que el cobro sea justo y que cada mexicano pueda pagarlo. 

Como ya lo habiamos mencionado los trabajos del Consejo son muchos y entre ellos los de este año serán los siguentes:

1. Fortalecer la producción de los compañerxs
2. Trabajo con jovenes
3. Trabajo de Mujeres
5. Promotores de la red de derechos Humanos
6. Fortelecer la economía dentro de las cooperativas
7. Afianzar las relaciones con las diferentes redes

Dentro de la planeación de trabajos por supuesto esta la del Centro de Derechos Humanso Digna Ochoa A.C que como lo comento Nataniel "es parte del mismo Consejo", dicho centro incia sus trabajos desde el 2009 ya como asociación Civil, su principal labor es la documentación, asesoría juridica dependiendo de que la asamblea decida acompañar la situación y la denuncia a los derechos humanos, pues hay que observar que en la costa, son ellos los únicos que hacen esta labor imprescindible y que por este motivo se desprende la campaña de linchamiento constante tanto al centro como al mismo consejo. Una de los puntos mas interesantes del centro es la resoución de conflicos priorisando el dialógo y rompiendo las viejas formas jurídicas como es un proceso penal o hasta el encarcelamiento, pues entienden que por un lado el conflicto se distiende hablando las partes involucradas y por el otro lado el mismo sistema jurídico que esta a cargo del estado jamás priorizara una resolución adecuada, solo generara mas violencia entre las partes y gastos inecesarios.

Por la labor ya mencionada al compañero Nataniel se le a montando un proceso jurídico que por supuesto busca la desmovilización del mismo centro. A él lo detienen en febrero del 2010 por un bloqueo que la el consejo convoca es acusado de  motín y atentados contra la paz pública, además de ser el actor intelectual de los hechos y a pesar de que se demostrado su inocencia el gobierno no solo lo detiene a él, si no a más compañeros abogados, se les da el auto de libertad por falta de elementos de prueba. A partir de este proceso se deriban otros délitos como extorsión por el bloque antes citado y ataques alas vías de comunicación. Tiempo después se le finca el delito  de robo con violencia en el marco de la creación de la cooperativa de tortillería. Deciden dejar de firmar por que se desconoce al poder judícial ya que a perdido credibilidad para resolver el caso.

Actualmente la situación del compañero es incierta por el momento parece estar en pausa, a pesar de que existe una  orden de re aprehensión y en este momento se explora posiblidades para lograr "zafar" esta situación, Nataniel nos comenta que será necesario la denuncia y para esto es necesario que el movimiento social acompañe estas denuncias. 

Por útlimo nos comparte que la entrada del PRI nuevamente al poder para el Consejo y el Centro solo es la agudización de la represión, através de la difamación como lo estan haciendo en este momento hacia la organización de la costa, el encarcelamiento, la desaparición y que por supuesto el número de muertes en la republica se incrementará más que en el sexenio pasado, sumado a esto las cosas se complicaran mas en el tema de la defensa de la energía eléctrica aumentando los cortes de luz, entre otras situaciones, pues este tema no solo responde el gobierno también lo hacen los narcos y empresarios. Y la estrategía que debemos seguir en opinión del Consejo es la unificación de la lucha, que partamos de las coincidencias y que las diferencias no sean las que prevalescan en nuestros planes de lucha, para ellos una de estas posiblilidades de lucha sigue siendo la Otra Campaña junto con las demás redes que se vienen tejiendo en el marco de la defensa de los recursos naturales y el patrimonio de la Nación. Pues no hay que olvidar que el tema de la sumistro de la luz en el país a agudizado la represión, con operativos masivos de cortes de luz y denuncias penales en diferentes regiones del país, contra la resistencia a las termoeléctricas y al gasoducto en Morelos, Puebla y Tlaxcala y contra la resistencia al megaproyecto eólico en la zona lagunar indígena Ikojts y zapoteca en el Istmo de Oaxaca, y contra muchos otros movimientos más, con compañeros y compañeras golpeados, detenidos, amenazados de muerte y asesinados y comunidades agredidas por grupos paramilitares. Y de esta misma manera no debemos perder la clara lectura sobre lo sucedio el primero de diciembre en la poseción presidencial de Enrique Peña Nieto.

Entre las actividades ya concensuadas con otras organizaciones es a la que ellos denominaron como la gran movilización Nacional
Con acciones dislocadas (bloqueos carreteros y otras presiones) en todo el país, el 7 de febrero del 2013
En torno a los siguientes ejes: 

- Contra la represión y criminalización de la protesta social
- Contra la política energética neoliberal
- Contra los megaproyectos y por la defensa de nuestros territorios y nuestra autonomía
- Por unas tarifas justas de luz en función del nivel socio-económico de acuerdo a los criterios que como pueblo acordemos y acceso a la energía eléctrica como derecho 
humano

Convocantes: 
- Red nacional de resistencia civil contra las altas tarifas de la energía eléctrica, que somos:
Consejo autónomo regional de la zona Costa de Chiapas 
Luz y Fuerza del Pueblo (Chiapas)
Resistencia civil de Candelaria, Campeche
Resistencia civil indígena y popular del Sur de Veracruz contra las altas tarifas de 
luz
Unión de comunidades indígenas de la zona Norte del Istmo (UCIZONI; Oaxaca)
Asamblea de pueblos indígenas del Istmo de Tehuantepec en defensa de la tierra y 
del territorio (Oaxaca)
Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP, 
Guerrero)
Frente de pueblos en defensa de la tierra y del territorio de Puebla-Tlaxcala-Morelos
Alianza Única del Valle (Estado de México)
Tlakaelel (DF)
Movimiento amplio de resistencia civil (MARC, Chihuahua)
Movimiento amplio de resistencia civil-Homero (MARC-Homero, Chihuahua)

Si te quiers contacatar con ellos lo puedes hacer a través de   Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. o visitar su espacio electrónico http://consejoautonomo.wordpress.com/