El pasado 13 de junio de 2011 el Consejo General Consultivo, integrado por las autoridades centrales del IPN y los directores de las escuelas, aprobó de manera antidemocrática y sin el consenso de la comunidad el nuevo Reglamento General de Estudios.
Los politécnicos hoy nos manifestamos con toda claridad: este nuevo reglamento es una versión reciclada de aquel que se pretendió aprobar en 2006, pero que fue detenido con la movilización amplia y contundente de los estudiantes. Aquella versión del 2006 buscaba imponer el requisito del 8 como calificación mínima aprobatoria y la figura de “profesional asociado” como opción de titulación. Los objetivos eran simples: generar un amplio sector de estudiantes imposibilitados de continuar su vocacional o su carrera, y empujarlos a tomar una “salida lateral”, o sea, titularse como “técnicos”. El reglamento recién aprobado sostiene los mismos objetivos pero bajo formas distintas. A partir del famoso artículo 52 se busca orillar a los estudiantes a irse atrasando en sus materias, además de que se abre paso abiertamente a la privatización del Politécnico, legalizando los cobros por materias, seminarios, cursos, talleres, idiomas, boletas, constancias, etc., con lo cual se viola el principio de gratuidad de nuestro Instituto y se le convierte en el negocio de unos cuantos.
Las razones por las que nos oponemos al nuevo Reglamento son las siguientes:
1) El reglamento es obligatorio y de observancia general (art. 1, 1º y 3º transitorios). Es falso que se pueda “escoger entre reglamentos”, como han repetido los directores de nuestras escuelas.
2) El RGE introduce las figuras de “usuario” y “servicios educativos complementarios” (art. 3,5,7), que no aparecen en ninguna otra legislación del Politécnico, y en tanto que el usuario no es un alumno, y la educación que recibe es un servicio, no es sujeto de educación gratuita. Con esto se legalizan los cobros por talleres, cursos, idiomas, diplomados, etc, que ascienden, de acuerdo a la propia Gaceta Politécnica, a un costo de hasta mil pesos por idioma y hasta 20 mil pesos por diplomado (gaceta 867, del 14 de junio de 2011).
3) El reglamento impulsa y fortalece la educación virtual, como modalidad educativa y como opción para pasar una materia. De esta manera, el Instituto ya no tiene la obligación de abrir más escuelas y centros, reduciendo costos y además obteniendo dinero, puesto que las materias virtuales cuestan, según la página del “Polivirtual” (www.polivirtual.ipn.mx) $204 por materia en bachillerato y a $400 por materia en licenciatura, además de cuota de inscripción, curso propedéutico, etc. La educación en el IPN se vuelve de esta forma un gran negocio privado.
4) Las ofertas de materias están sujetas a cupo (art. 35). Con la famosa movilidad, el resultado que tendríamos es que si no hubiera cupo, la autoridad podría cubrir la demanda con educación virtual (art. 30 frac. X) o que los estudiantes tendrían que buscar cupo en otras escuelas, públicas o privadas. Incluso, estudiantes de otras universidades podrían saturar la oferta del propio IPN (art. 15, 16, 26 frac. VIII y IX)
5) Artículo 52: El RGE condiciona la reinscripción al siguiente semestre a “no rebasar la carga media de créditos”. Reduce las oportunidades de aprobar materias, puesto que ya no se pueden “arrastrar” al siguiente semestre. Una vez agotadas las opciones de extraordinario y ETS, el estudiante debe recursar la materia (art. 48, 52). Los recursamientos están sujetos a cupo y si no puede reinscribirse, puede presentar el ETS el siguiente semestre, pero pierde dicho semestre, en tanto que no puede inscribir otras materias. Los semestres perdidos cuentan para la trayectoria escolar. Para conservar la calidad de alumno durante el semestre perdido debe participar “en acciones para la recuperación académica”, o sea que la calidad de alumno también puede perderse. (art. 52) La autoridad grita a los cuatro vientos que habrá menos dictámenes, justo porque se hace obligatorio recursar la materia reprobada. Con lo anterior se propicia que los alumnos se atrasen cada vez mas en sus materias, con lo que al final se agotará el tiempo para acabar la carrera, derivado de lo cual procede la baja del alumno (art. 57 Frac. IV). Con lo anterior, el reglamento busca empujar a los alumnos fuera de las escuelas, y tomando en cuenta que el reglamento no cancela las salidas laterales, es evidente que esa es la opción que las autoridades buscan impulsar.
6) El RGE introduce el Nuevo Modelo Educativo, que durante años hemos rechazado por ser la forma en la que se buscan reducir costos por estudiante y por profesor. Al introducir la movilidad, la flexibilidad, los tutores, los ambientes de aprendizaje, la modalidad virtual, etc, se busca que haya cada vez menos estudiantes en las escuelas, cubriendo la demanda educativa con “clases virtuales” o con materias que se impartan en otras universidades, públicas o privadas. Además, la figura del profesor se vuelve la de tutor, que no es un maestro en cuanto tal sino un “facilitador” del aprendizaje, un mero asesor ocasional, sin la obligación de impartir una clase
7) El reglamento legaliza los cobros por constancias, boletas, certificados, títulos, etc., puesto que condiciona su emisión a los “criterios y formatos” que la autoridad establezca (art. 66). Además, los planes de estudio pueden incluir utilizar los “servicios complementarios” de manera obligatoria (art. 31 frac. XIII). Con todo lo anterior, resulta una burla que en los “Considerandos” se diga que se busca garantizar el acceso de estudiantes de escasos recursos al IPN.
8) En el reglamento se incluyen medidas que degradan el nivel académico, como la “evaluación de saberes previamente adquiridos”, que permite pasar una materia sin cursarla (art. 47), es decir, acreditar conocimientos sin tomar una sola clase de la materia. También abre paso a los troncos comunes, con lo que se pierde la especialización científica de cada carrera (art. 4 y 10).
Para la comunidad politécnica es evidente que este reglamento no es “fruto de un ejercicio inédito”, como las autoridades insisten hasta el cansancio. Más bien, y a pesar de toda su propaganda, este reglamento es una imposición puesto que la mayoría de los estudiantes desconoce el contenido de las versiones preliminares y del reglamento aprobado. Los cuadernillos se guardaron en las oficinas, no se prestó atención a los documentos y campañas de firmas impulsadas por nuestra Asamblea General, y la versión aprobada del reglamento contiene artículos con los que jamás hubiéramos estado de acuerdo. Que quede claro: estamos en contra desde el origen con un reglamento no consensado, que coloca en primer lugar el afán de lucro y no la educación científica y de alta calidad. El Politécnico es y será siempre de las clases populares. Debe ser gratuito, en todos sus niveles y formas de educación, para todos sus estudiantes sin distinción, y debe buscar siempre otorgar a sus alumnos la mayor cantidad de oportunidades necesarias para terminar la vocacional o la licenciatura. Invitamos a la comunidad a sumarse a esta lucha y a seguir reivindicando el alto nivel académico que siempre nos ha distinguido.
¡Técnicos NO, Licenciados SÍ! ¡Por un IPN público y gratuito!
Asamblea General Politécnica